Las cancelaciones de las designaciones realizadas entre el 17 de enero y el 16 de diciembre de 2019 fueron resueltas el pasado lunes 20. Segun se indicó, se trata de funcionarios politicos de la anterior gestión. La medida excluyó a otros 640 agentes designados durante ese mismo periodo, 53 de los cuales era beneficiarios del Programa de Entrenamiento Laboral.
El mismo día en se dictó el decreto por el que se revocó el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Administración Provincial que había sido acordado a fines de noviembre entre el Poder Ejecutivo, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Unión Personal Civil de la Nación y la Asociación Trabajadores de la Sanidad, el gobernador Gustavo Melella rubricó otros 10 decretos mediante los que resolvió “cancelar la designación en Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, de todos los agentes designados desde el 17 de enero de 2019 hasta el 16 de diciembre de 2019 en las áreas administrativas o dependencias que actualmente conforman” los Ministerio Jefatura de Gabinete; Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; Finanzas Públicas; Obras y Servicios Públicos; Producción y Ambiente; Salud; Desarrollo Humano; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Trabajo y la Secretaría General, Legal y Técnica.
Si bien en los decretos no se precisa el número de agentes alcanzados por la cancelación de designaciones, fuentes gubernamentales precisaron que se trata de 325 personas que hasta antes de ingresar a la planta permanente formaban parte de la planta política de gabinete de la ex gobernadora Rosana Bertone, y se habían desempeñado como secretarios, subsecretarios, directores provinciales o como agentes categoría AA.
Entre los argumentos esgrimidos para fundamentar la medida se indica “que se realizó un relevamiento dentro” de las distintas dependencias gubernamentales sobre “los ingresos que se efectuaron en los últimos 12 meses, en los cuales no existieron definiciones sobre las funciones, vacantes ni de su correspondiente previsión presupuestaria” del que surgió que “agentes fueron designados durante el periodo 2019 sin observar oportunamente una evaluación previa de su capacidad para su desarrollo dentro de los cuadros de la Administración” y que “tampoco se encontraron registros de su desempeño de los que surja información sobre el conocimiento de la tarea, responsabilidad, méritos o esfuerzo personal, manejo o gestión de recursos informáticos, atención al público, entre otros; cuestión esencial a fin de ponderar su labor en el pasado y su adaptación a criterios de organización”.
Se agrega que “en función de ello se hizo necesario entonces adoptar medidas de reorganización inmediata, a fin de readecuar el buen funcionamiento” de las distintas carteras ministeriales, por lo que los titulares de cada una de ellas “realizaron un exhaustivo análisis de las diferentes áreas, infraestructura y del personal existente, priorizando la conservación de las fuentes de trabajo para aquel personal que cuenta con la experiencia suficiente para desenvolverse de modo eficaz, adaptándose a los requerimientos organizacionales y funcionales establecidos por esta gestión de Gobierno”, y a la vez “buscando conservar la suficiente dotación, a fin de garantizar que las áreas y sectores esenciales cuenten, tanto con los profesionales, como del personal de los distintos agrupamientos vigentes”.
Bajas amparadas en la 22.140
Pero más allá de estas cuestiones, las bajas de estas designaciones fueron posibles por el simple hecho de que al haberse revocado el Convenio Colectivo de Trabajo -que establecía que la estabilidad laboral se obtiene a los 3 meses de la designación- volvió a tener plena vigencia en la Provincia el Régimen de Función Pública instituido en la ley nacional 22.140, que -tal se refiere en los decretos en cuestión- determina que el personal ingresado en planta permanente adquiere estabilidad “luego de haber cumplido 12 meses de servicio efectivo y siempre que haya satisfecho las condiciones que establezca la reglamentación”. De allí la importancia que tenía para las actuales autoridades provinciales dejar sin efecto el referido Convenio.
Como en los decretos no se identifica a los agentes a los que se dio de baja, en los decretos se instruye a los Ministros y Secretarios de Estado a que “procedan a notificar (…) a los alcanzados por “la cancelación de designaciones”, los que dentro de los 10 días hábiles administrativos podrán interponer recurso de reconsideración contra la medida.
Es de tener en cuenta que una vez agotada la vía administrativa, los ex agentes estatales podrán recurrir su baja por la vía judicial.
Los que se quedaron
En esta decena de decretos se refiere que “se determinó que algunos agentes designados durante el último periodo, por razones de organización, experiencia y función deben continuar cumpliendo servicio en el ámbito” de la administración pública provincial. Dentro de esta categoría quedaron alcanzados 587 agentes ingresados entre el 17 de enero de 2019 y el 16 de diciembre de 2019. Estos sí aparecen identificados en cada uno de los decretos.
De ese total, 357 corresponden al ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 150 al de Salud; 10 a la Secretaría General, Legal y Técnica; 15 al ministerio de Producción y Ambiente; 12 al de Obras y Servicios Públicos; 11 al de Trabajo; 10 al de Desarrollo Humano; 9 al de Jefatura de Gabinete; 2 al de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y 2 al de Finanzas.
Además también se ratificaron otras 53 designaciones correspondientes a beneficiarios del Programa de Entrenamiento Laboral, por lo que de un total de casi 970 designaciones revisadas fueron convalidas unas 640.
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