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BOSQUE NATIVO

Corredor del Beagle: La Justicia instruyó una causa penal por la tala de arboles

La Justicia instruyó la causa tras la denuncia presentada por dos organizaciones ambientalistas. El fiscal Fernando Ballester Bidau pidió investigar los posibles delitos de “danos agravados, danos a bienes rurales y danos a yacimientos arqueológicos”, e imputó a los operarios y directivos de la empresa contratista, “Gancedo SA”.

03:08 | 28/08/2019
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La Justicia de Ushuaia instruyó una causa penal tras la denuncia presentada por los representantes de dos organizaciones ambientalistas sobre la tala de árboles registrada el pasado 20 de agosto en la zona del Río Encajonado, como parte de la obra “Corredor del Beagle”, confirmaron ayer fuentes judiciales.

La causa caratulada “Domínguez, Stella Maris y otros s/ denuncia”, bajo el número 32.996, tramita en el Juzgado de Instrucción Nº2 a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, luego de un “requerimiento de instrucción” suscripto días pasados por el fiscal Fernando Ballester Bidau.
Según documentación oficial a la que accedió este medio, la denuncia penal fue presentada el miércoles 21 de agosto por Stella Maris Domínguez, en representación de la "Asociación Bahía Encerrada (ABE)" y Nancy Edith Fernández,  María Laura Borla y Abel Gerardo Sberna, en nombre de la "Asociación Mane Kenk".

Los ambientalistas denunciaron que operarios de la empresa "Gancedo S.A" (adjudicataria de la apertura de la ruta costera) “se encontraban en la zona conocida como "Corredor Costero Canal Beagle" talando especies arbóreas del bosque nativo en cercanías del Río Encajonado y dañando posibles restos arqueológicos que hubiera en el lugar”.

También mencionaron que esos actos tuvieron lugar, incluso, en “propiedad privada, específicamente de la familia Pastoriza como dueña de la estancia Túnel”.
Sberna relató a la justicia que el 20 de agosto, en horas de la mañana, comenzó a caminar desde el ingreso de la estancia Túnel hacia el Río Encajonado por el sendero que existe para ello y que, aproximadamente a un kilómetro hacia el este del casco de la estancia, sobre el sendero, observó la presencia de dos operarios a quienes consultó sobre sus actividades.

Los operarios le contestaron que eran de la empresa Gancedo y que “comenzarían a trabajar en ese mismo momento para la obra del Corredor”.
Al regresar, cerca de las 14, el dirigente ambiental advirtió que los operarios habían talado “gran cantidad de árboles, según estima  entre veinte (20) y treinta (30) individuos, en alrededor de unos trescientos (300) metros de longitud sobre el sendero y unos veinte (20) metros hacia el norte del sendero”.

También observó que algunos árboles tenían una cinta tipo "peligro" como señal para ser cortados, pero que el área que fue derribada “incluía muchos más individuos”, y agregó que no había “ningún tipo de señalización sobre el trabajo a realizar por los operarios y que le costó mucho regresar por el sendero que en definitiva estaba obstruido, sintiendo en riesgo su integridad física”.
Los denunciantes destacaron que los trabajos afectan “la vida silvestre de las especies que viven en la zona, como el pájaro carpintero declarado patrimonio cultural y natural de la provincia y el huillín, especie considerada vulnerable por la unión internacional para la conservación de la naturaleza”.
De acuerdo a la calificación provisoria realizada por el fiscal, los hechos podrían constituir los delitos de “daños agravados, daños a bienes rurales y daños a yacimientos arqueológicos”, previstos en los artículos 185 inciso 5, 186 inciso 2 B del Código Penal y 47 de la ley nacional 25.743.
La actividad delictiva se configuraría por “ocasionar daños en un camino o paseo de uso público, destruir (talar) bosques nativos, deteriorar y remover yacimientos arqueológicos que pudieron haber ocasionado su pérdida irreparable para el patrimonio cultural del Estado”.
Ballester Bidau imputó, en primer término, a los operarios de la empresa Gancedo que estuvieron trabajando el 20 de agosto en la zona, y luego a los  “responsables de dicha sociedad”.
Entre las diligencias probatorias que el representante del Ministerio Público le solicitó a la jueza Barrionuevo figura que se oficie al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a fin de que remita “el pliego de licitación, el convenio celebrado con la empresa "Gancedo S.A" para la construcción del "Corredor Costero Canal Beagle" y los estudios de impacto ambiental y arqueológico”, como así también se informe si “dicha sociedad cumple con la normativa ambiental provincial y, en especial, si la misma ha comunicado previamente que iba a realizar obras el día de los hechos denunciados”.

También se requirió que la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático informe el proyecto ejecutivo de la obra aprobado por Resolución Nº 53/2019, y precise “si han identificado las especies arbóreas que se pueden talar para llevar a cabo la traza del tramo 1) del "Corredor Costero Canal Beagle" y, en especial, si la empresa "Gancedo S.A" ha comunicado previamente que iba a realizar obras el día de los hechos denunciados y fue autorizada o, en su defecto, si se inició sumario administrativo contra la empresa "Gancedo S.A" por los hechos denunciados”.

En ese contexto, el fiscal pidió que la Dirección General de Bosques  informe si los técnicos de ese organismo verificaron los desmontes necesarios para la traza que fue aprobada para la construcción de la ruta y, en especial, “si el día 20 de agosto de 2019 hubo profesionales que intervinieron o asistieron en el lugar de los hechos denunciados”.

A su vez, Ballester Bidau consideró que la Secretaría de Cultura de la provincia debería informar si se ha realizado un estudio de impacto arqueológico en la zona, y se han llevado a cabo los controles arqueológicos respectivos “previos a la realización de las obras”.
Por último, el representante de la Fiscalía requirió que se emita una orden de presentación a la empresa “Gancedo SA” para que “entregue el listado del personal encargado de la construcción del "Corredor Costero Canal Beagle" y, en especial, la planilla de identificación de los obreros que trabajaron el día de los hechos denunciados”.

Incluso le solicitó a la jueza Barrionuevo que se disponga una inspección ocular en el lugar de la tala, de la que participen profesionales especializados que se encuentren en la obra.
Los ambientalistas también entregaron a la justicia, como evidencia de sus dichos, las fotografías y videos donde se observa el impacto de la tala y que ya se viralizaron a través de las redes sociales.

FUENTE: edfm

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