La zona franca de Punta Arenas esta "bajo la lupa" del Gobierno por su costo fiscal

Un informe de análisis tributario encargado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera fue entregado y dado a conocer ayer por una comisión técnica de economistas, quienes brindan una serie de recomendaciones "sobre la mantención, eliminación o modificación de diversos beneficios tributarios hoy vigentes", entre ellos los que otorgan las zonas francas.

Según detalla el matutino El Pïnguino, el documento contiene las conclusiones del trabajo llevado a cabo por esta comisión entre fines de 2020 y comienzos de 2021, destacando que el “costo fiscal” que tienen las exenciones que reciben las zonas francas "es muy alto y, por lo tanto, recomiendan revisar estos beneficios, con el objetivo de ver si es posible lograr un mejor resultado de costo y beneficio para esas zonas, considerando también el problema de contrabando que se podría estar produciendo en estas zonas, sobre el cual no existe una estimación precisa".

Una de las zonas francas apuntadas es la Chile estableció a través de la Ley Tierra del Fuego y Ley Navarino. El informe encargado por el Gobierno busca revisar y desmantelar las leyes de beneficio para las zonas extremas, en especial las zonas francas de Iquique y Punta Arenas.

El informe reconoce que el objetivo de estas leyes es de tipo demográfico, desarrollo económico y geopolíticos. Sin embargo, señala claramente que no consideró las variables geopolíticas. “A la Comisión Tributaria no le corresponde evaluar los objetivos geopolíticos que los legisladores buscaban alcanzar cuando se crearon estas dos Zonas Francas, pero comparte las dudas expresadas por el Reporte OCDE/FMI en cuanto a si los instrumentos actualmente en uso y, en especial, las Zonas Francas con la multiplicidad de exenciones descritas, son las más adecuadas para alcanzar los objetivos”, dice el documento.

En esta evaluación, se determinó que el Gasto Tributario producto de todas las exenciones que reciben las Zonas Francas asciende a US$540 millones anuales, de los cuales US$ 470 millones (un 87%) corresponde a la exención de IVA y aranceles.

Por otra parte, el mismo informe considera que el costo fiscal podría ser mayor a esa cifra, producto del problema de contrabando que se produciría en estas zonas, sobre el cual no existe una estimación.

Revisión de Zona Franca

“En base al estudio desarrollado por el Banco Mundial y al elevado costo fiscal que tienen las exenciones que reciben las Zonas Francas (cerca de US$ 500 millones anuales), se recomienda revisar estos beneficios, con el objetivo de ver si es posible lograr un mejor resultado de costo y beneficio para esas zonas”.

Esta recomendación fue apoyada por la mayoría de los integrantes de la comisión. El voto de minoría del economista Claudio Agostini, fue aún más tajante. “Respecto de los regímenes de Zona Franca, soy partidario de eliminar todos los beneficios tributarios de zonas francas. La evidencia internacional es que no generan mayor inversión, ni tampoco más empleo, pero sí abren espacios importantes de evasión y elusión tributaria junto con aumentar los costos de administración y fiscalización del sistema tributario (Papke, 1991; Boarnet y Bogart, 1996; Peters y Fisher, 2002; Couch y J. Barret, 2004). Adicionalmente, generan inequidades tributarias horizontales importantes y aumentan espacios para el contrabando. Por estas razones, muchos países los han ido eliminando y Chile debiera seguir el mismo camino y buscar otros instrumentos -no tributarios- de política pública para promover el desarrollo económico en zonas extremas o áreas geográficas con altos niveles de pobreza o desempleo”.

También la comisión propuso eliminar la renta presunta que pagan los pequeños agricultores y considera que no debe haber crédito especial a la construcción. Por lo tanto, la Comisión Tributaria recomienda eliminar este beneficio. Al respecto, se estima que el objetivo del beneficio puede lograrse mediante otros instrumentos de política pública más efectivos y equitativos.

Otra situación grave es el tema del IVA a los servicios, donde la Comisión Tributaria recomienda gravar con IVA todos los servicios, sin distinción, y mantener o establecer exenciones para casos justificados de acuerdo con criterios preestablecidos.

Vale decir, quiere aplicarle IVA a todos los servicios que hoy son exentos y que principalmente tienen relación con la prestación de las Pymes.

Por su parte, el informe también golpea al sector Transporte al recomendar incorporar el impuesto al Diésel en la base del IVA, y evaluar la incorporación de otros impuestos específicos.

Fuente: Critica sur