Caso Sahade: Corrieron vista al fiscal acusador

Sin emitir la más mínima opinión sobre el caso, el Consejo de la Magistratura de la provincia resolvió ayer en forma unánime, remitir al fiscal acusador las actuaciones relacionadas con la situación del juez de instrucción 2 de Río Grande, Raúl Sahade, acusado de vender fallos y de arreglar causas en trámite ante su juzgado.

La medida forma parte del jury de enjuiciamiento previsto en la ley provincial 525 para cuando un magistrado es denunciado por presunto mal desempeño de sus funciones.
Hasta el momento, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande ofició como denunciante al poner en conocimiento del Superior Tribunal de Justicia (STJ) acerca de lo descubierto por una pericia telefónica.
El STJ comunicó la novedad al Consejo de la Magistratura y sus miembros le encomendaron al presidente del cuerpo (y juez de la Corte) Javier Muchnik, que realizara el informe preliminar previsto en la ley 525.
Ese informe es el que ayer fue comunicado por Muchnik a los demás consejeros, durante la sesión del organismo realizada a partir de las 16 en su sede de la avenida Alem, en Ushuaia.
El pronunciamiento del magistrado es de lo más llamativo, porque después de ocho páginas de fundamentos sobre el cuidado de no prejuzgar en esta etapa del proceso (y tras citar varios antecedentes jurisprudenciales) aconsejó proseguir con la investigación remitiendo los antecedentes al fiscal acusador.

Lo curioso es que el informe de Muchnik no contiene una sola línea en que se valore el caso particular de Sahade, sino que simplemente se reproducen las constancias probatorias (la mayoría documentos) que fueron recolectadas hasta el momento, pero sin ningún tipo de interpretación.

Por otra parte, al analizar el informe durante la sesión, el consejero y legislador Pablo Villegas opinó que “en virtud de la prueba recabada, la denuncia no resulta infundada” y aunque tampoco explicó por qué resultaría fundada, concluyó que “corresponde traslado al fiscal acusador, a efectos de que éste estime si corresponde prosecución del trámite”.

Los demás consejeros adhirieron a la propuesta de Villegas y por eso se resolvió el corrimiento de las actuaciones al fiscal, sin que nadie dijera ni una letra de por qué ello resulta razonable o necesario.
Quien ejerce como fiscal acusador ante el Consejo es el abogado de Río Grande Miguel Ángel Castro, que en función de ello ayer no participó de la sesión.

Castro deberá dictaminar si considera o no que hay mérito para enjuiciar a Sahade. Si lo hace, entonces se daría por iniciada la etapa propia del jury, y se le correría vista al acusado, para que inicie su defensa material.
Recién en esa etapa, los consejeros quedarían facultados (no están obligados a hacerlo) a suspender provisoriamente al juez de sus funciones, mientras dure el procedimiento.
En tanto, Sahade continúa a cargo del juzgado y emitiendo todo tipo de resoluciones y sentencias. De hecho, fue pública la semana pasada su decisión de ordenar una pericia psiquiátrica al propio gobernador Gustavo Melella, en la causa donde se lo acusa del presunto abuso sexual coactivo de tres obreros de la construcción.

El juez ejerce sus funciones desde el despacho que fue allanado por su colega Daniel Cesari Hernández, en la causa penal derivada de las mismas acusaciones, donde el fiscal mayor Guillemo Quadrini le imputó el delito de “cohecho”.
A raíz del allanamiento, además, Sahade se quedó sin su computadora y sin su teléfono celular, que fueron secuestrados para ser sometidos a pericias.

Cesari Hernández también ordenó investigar las cuentas bancarias del magistrado, en busca de los depósitos que podrían acreditar si cobró o no dinero para dictar sentencias.
Pese a todo, Sahade tampoco optó por tomar una licencia, que podría descomprimir un poco la situación, mientras que desde el Superior Tribunal aclararon que no poseen facultades para apartarlo del cargo por la vía de sus facultades de superintendencia administrativa.
Las sospechas sobre el accionar del juez Sahade surgieron a partir de una causa donde se investiga a la abogada de Río Grande María Angélica Naveas Lagos por el presunto cobro indebido de honorarios a un cliente suyo, que fue condenado por “homicidio culposo” a raíz de su participación en un accidente de tránsito, explicaron fuentes judiciales.

En esa causa intervino Cesari Hernández, quien ordenó allanar la vivienda de la abogada imputada y el secuestro de su teléfono celular.
También dispuso una pericia sobre ese teléfono secuestrado, y de allí surgió que la abogada (acusada en la causa) no solo mantenía contacto con su cliente, sino que además intercambiaba mensajes de contenido polémico con el juez Sahade.

FUENTE: edfm