El Secretario de Finanzas del Municipio de Ushuaia consideró que no debe alargarse mas la discusión y desde el area legal se estan preparando las demandas judiciales por el incumplimiento del gobierno en el pago de la coparticipación tanto federal como provincial. La presentación se funda en el acuerdo de 2009 ante el Superior Tribunal de Cuentas, que fijó plazos para el giro de los fondos. La deuda a la fecha supera los 700 millones, aseguró.
El secretario de Finanzas del Municipio de Ushuaia, Lic. Gustavo Rodríguez, confirmó por Radio Universidad 93.5 la decisión de recurrir a la justicia para hacerse de los fondos coparticipables que adeuda el gobierno, tras haber intimado por nota a la cancelación en 48 horas, plazo ya largamente excedido.
“El viernes 12 de junio enviamos una nota al titular de la AREF y otra al Ministro de Finanzas de la provincia. A la AREF le planteamos la exigencia del cumplimiento de la ley de acceso a la información pública para que nos suministre semanalmente la información sobre la recaudación diaria de la provincia. Al ministro le reclamamos la cancelación de la deuda y el suministro de la información sobre cada uno de los libramientos que hace al Municipio de Ushuaia y las liquidaciones que va a haciendo diariamente la Contaduría General de Gobierno”, detalló Rodríguez.
A la fecha no hubo respuesta y ahora la decisión es tomar otra vía de reclamo: “Nosotros reclamamos una deuda de 376 millones de pesos de coparticipación y exigimos que se cancele en 48 horas, y caso contrario nos reservamos el derecho de iniciar acciones legales. La situación se ha ido agravando desde principios de año, la deuda del gobierno provincial con la Municipalidad de Ushuaia ha ido creciendo no sólo en cantidad de días de atraso sino en el monto. Entre impuestos y tasas municipales, el gobierno de la provincia adeuda además unos 370 millones de pesos, con lo cual la deuda total está arriba de los 700 millones de pesos”, afirmó.
Recordó que “después de una causa judicial, quedó con sentencia firme en los tribunales federales que a partir de la provincialización de Tierra del Fuego, la provincia era responsable de los impuestos y tasas municipales correspondientes a los terrenos que ocupa la Armada en la ciudad de Ushuaia. Eso ya tiene sentencia firme y claramente es responsabilidad del gobierno provincial. Durante el año anterior hicimos una cancelación importante de deuda provincial. Se canceló deuda por más de 150 millones de pesos y se había regularizado toda la situación, pero ahora se han vuelto a generar atrasos, incluyendo el impuesto inmobiliario, que había quedado desde enero de 2016 pendiente de cancelación dado que la causa estaba en la Corte Suprema”, dijo.
“El actual gobernador cuando era intendente de Río Grande inició junto con el intendente Vuoto la causa en la Corte Suprema, cuando se decía que el cobro del impuesto inmobiliario era potestad de la provincia y correspondía que siguiera en manos de los municipios. Por eso estamos reclamando esa suma del impuesto inmobiliario, tanto de las tierras que ocupa el gobierno provincial dentro del ejido municipal como de los terrenos de la Armada”, precisó.
Respecto del reclamo judicial, sostuvo que es una exigencia como funcionario defender los intereses de la ciudad. “Actualmente nuestro equipo legal, junto con el equipo de la Secretaría, estamos preparando las demandas judiciales que podrían corresponder. Vamos a preparar una demanda bien sustentada y eso lleva un plazo de tiempo. Estamos trabajando con todos los detalles del caso”, remarcó.
Consultado sobre los días de atraso, explicó que “van variando en función de los depósitos que va haciendo el gobierno provincial. Por ejemplo, el viernes entró coparticipación y eso achica los días, pero en promedio en el último mes y medio llevamos atrasos que van entre los 35 y los 45 días. Lo que yo quiero que entiendan los vecinos de Ushuaia y de Río Grande es que el gobierno provincial tiene una obligación, porque ha asumido un compromiso en el año 2009 en un acta acuerdo firmada ante el Superior Tribunal de Justicia, que establece claramente que los fondos coparticipables de origen nacional tienen que estar disponibles para el cobro de los municipios a los tres días de haber ingresado en la cuenta corriente de la provincia; y los fondos coparticipables de origen provincial tienen que estar entre cinco y seis días desde que los cobra la provincia”.
“Cualquier plazo que supere esos días, es un incumplimiento de un acuerdo judicial y está fuera de las normas legales que tiene obligación de cumplir tanto el ministro como el gobernador. Si el gobernador reconoce 20 días de atraso, aunque no son 20 días sino el doble, claramente está reconociendo que incumple con los acuerdos que debe cumplir”, sentenció.
“Nosotros estamos preparando todos los antecedentes para la presentación judicial, para que no se alargue esta discusión. Lo que nos interesa no es ir a un juicio sino cobrar lo que corresponde”, concluyó el secretario.
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