La Ministra de Obras Publicas recibió el informe final de la auditoria sobre la obra del Corredor del Beagle, que consta de 453 fojas. Hay un analisis administrativo, legal y contable, pero ademas se realizó un trabajo en el terreno y fue incluida documentación del Ministerio de Obras Publicas que no figuraba en los expedientes. En función del dano ambiental no se continuara con los tramos 2 y 3, y sera reformulada la traza del tramo 1, también por el dano ambiental ocasionado ademas de la afectación del patrimonio arqueológico. En caso de corroborarse irregularidades, “se hara lo que se tenga que hacer”, dijo Castillo sobre eventuales acciones judiciales.
La ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo dio detalles del informe recibido luego de la auditoría de la Universidad de Buenos Aires a los expedientes de la obra del Corredor del Beagle, con los pagos realizados no solamente a la empresa Juan Felipe Gancedo S.A., sino a la consultora contratada por el gobierno para la inspección de obra, que fue tercerizada, además de otros contratos con consultoras para los estudios de impacto y rescate arqueológico.
Por Radio Universidad 93.5, precisó que “tengo 453 páginas del primer informe, que está referido a la obra del Corredor del Beagle. Es el primero de varios que forman parte de la auditoría de distintos expedientes de la gestión anterior, vinculados con las obras de mayor envergadura y a las que más fondos se destinaron”.
“Se trasladó un equipo a la provincia a trabajar en el análisis de documentación por todos estos meses. Particularmente estuvieron trabajando en Obras Públicas, pero también en otras áreas, como la DPE, la DPOSS, y sobre la colocación de bonos. Son varios trabajos que se encargaron en la contratación, hay un comité de seguimiento y esto lo gestiona el Ministerio de Finanzas”, indicó.
“En el caso puntual del Corredor del Beagle, no solamente se pagaron expedientes al mes diciembre, sino que se siguió pagando lo ejecutado y certificado. A la fecha se han pagado alrededor de 460 millones a Gancedo de los 1.700 en que fue presupuestada la obra total: “Son 119 de adelanto por el tramo 1, más 108 millones pagados por certificados; 68 millones por el tramo 2 más casi 82 millones de lo ejecutado; y 60 millones de adelanto más 23 millones de certificados por el tramo 3, aunque solamente se construyeron cien metros de ruta”, dijo.
“Hay una parte de contratos de la licitación de la obra y son tres expedientes, uno por cada tramo. Aparte están las contrataciones de los otros servicios, como la inspección de obra que se encargó a una UTE, que es como si fuera otra obra, porque se está tercerizando el servicio de inspección. Ese contrato es de 22 millones de pesos, con una vigencia de dos años”, agregó.
“La UBA trabajó con el contrato original que se tiene con la empresa que lleva adelante la obra, que es Gancedo, y son tres obras en paralelo de los tres tramos. Aparte de eso, está la contratación de la empresa que controla la obra, que es la UTE PEE SA-ATJSL. Eso también lo pagó la provincia, que fue la que tercerizó la inspección de obra”, de la que se sospecha una vinculación directa con la forma Juan Felipe Gancedo S.A. y, de confirmarse, se habría prácticamente controlado a sí misma, por cuenta y orden del Estado.
“En vez de poner inspectores que son empleados de la provincia, como ocurre en cualquier obra, tercerizaron el servicio en esta consultora. Por otro lado, se contrataron empresas para el rescate arqueológico. Hubo un contrato de 7 millones de pesos con la consultora Terramoena, más un contrato con Servicios Ambientales de 10 millones por el mes de diciembre, que tenía que terminar el trabajo antes de fin de año”, señaló.
“La UBA analizó todos los expedientes relacionados con la obra, los expedientes madre, todos los expedientes de pago, y los contratos con las demás empresas. También analizó el proyecto ejecutivo, los informes ambientales, paleontológicos, arqueológicos, los informes de las consultoras contratadas para el rescate arqueológico, más otra documentación obrante en el Ministerio con relación a este tema, que no era parte del expediente central”, advirtió.
“En función de todo esto han hecho una evaluación administrativa, legal y contable de lo ejecutado en términos de papeles, pero también han ido a recorrer la obra. Sobre el fin de semana tuvimos la videoconferencia donde han explicado cómo fue el trabajo y presentaron las conclusiones. Ahora tenemos por delante la tarea de leer en detalle el informe y hacer nuestra propia evaluación con el equipo de Obras Públicas y la Secretaría Legal y Técnica”, planteó la ministra.
Destacó que “hay una descripción de la información obrante en todos los expedientes. El expediente madre tiene más de 60 cuerpos, más los que tienen que ver con la inspección y las otras contrataciones, y es un volumen importante de información analizada. Además hay un compendio de anexos de situaciones que se citan en este compendio y un apartado final con un glosario para poder interpretar las nomenclaturas que se han usado a lo largo de estas 453 fojas”.
“Es muy importante lo que se ha logrado al tener este informe, y tener la mirada externa de un grupo de especialistas”, sostuvo y, en caso de verificar irregularidades, se le consultó si podría abrirse la instancia judicial, pero no se quiso “anticipar a las situaciones, vamos paso a paso y se hará lo que se tenga que hacer. El primer punto es tomar lectura de toda esta información de especialistas que han analizado la obra”.
Fin para dos tramos
Castillo confirmó que “el gobernador ha planteado que es una decisión cerrar la obra del tramo 2 y 3, esto quiere decir que no se va a avanzar más allá de los cien metros que se avanzaron en el tramo 3, que iba desde Moat a San Pío. La decisión política está tomada de no continuar la obra en el tramo 2 y 3. Siempre en una rescisión hay ventajas y desventajas. La decisión de no continuar con el tramo 3 tiene que ver con una cuestión ambiental, y es decisión de esta gestión preservar el turbal que hay en el transcurso de esos 10 kilómetros que se iban a abrir. Es una decisión de resguardo ambiental”, subrayó.
“Por eso se realizó esta evaluación económica que determina no sólo qué se pagó, sino lo que la empresa ha invertido y la condición cesante”. Respecto del tramo 1, dijo que va a ser reformulado y no se va a continuar con el ensanche que había realizado la empresa, sino con una ruta escénica, además de cambiar la traza para no afectar los yacimientos arqueológicos ni los recursos ambientales.
La DPE y la DPOSS
Además de analizar la obra del Corredor del Beagle, la UBA sigue trabajando sobre los expedientes de la DPE y la DPOSS: “Hay un expediente de la DPE dentro del análisis, pero todavía no está el informe final, y también quedan análisis pendientes de obras de la DPOSS, de la obra del hospital, de la fibra óptica. Se ha avanzado con estos análisis pero todavía no están concluidos”, aclaró.
“En el caso del hospital de Ushuaia la UBA ha avanzado sobre lo administrativo y estamos a la firma de un convenio con el Colegio de Ingenieros para la pericia técnica de la obra para poder comenzar. Primero intervino una empresa de Chaco, que luego hizo una cesión de contrato a una UTE local, que había estado vinculada con la primera empresa en la provisión de material y mano de obra. Son los que quedaron con el contrato, pero también hay observaciones. Para tranquilidad de todos hemos pedido una pericia para ver si hay resistencia de la estructura, que es lo que está en duda. Es una decisión del gobernador que con urgencia podamos avanzar en esta obra y podamos terminar el hospital, no sólo la estructura, sino un hospital real, con consultorios, con infraestructuras, servicios, muebles, que no es lo que está licitado, porque solamente es el esqueleto”, recordó.
“Por eso se incluyó en el proyecto enviado a la Legislatura como obra prioritaria para la provincia, para poder terminar todo. También se incluyó el interconectado del gasoducto Fueguino con el General San Martín, que es una obra que se había licitado sin fondos por 800 millones de pesos. No había plata en el Fideicomiso, pero se licitó igual. Por ahora no hay dinero en el Fideicomiso y por eso la incluimos dentro del financiamiento con los bonos. Si más adelante hay otra fuente de financiamiento, será parte de otra etapa”, expresó.
Planta de margen sur
Con relación a la planta de tratamiento de la margen sur, aseguró que “es una obra que viene en marcha y lo que se está necesitando es dinero para pagar las redeterminaciones. Se estima un costo del doble del momento en que se licitó y en función de esto se incorporó una ampliación del monto, financiado con el endeudamiento, porque una parte está financiada por el FFFIR, que no permite la ampliación del mutuo de 360 millones de pesos. Esa obra no va a avanzar si no se pagan las redeterminaciones, por eso se autorizó el uso de fondos de la colocación de bonos. No tenemos el número exacto de cuánto va a costar al finalizar la obra, pero hablamos de una estimación de cerca de 700 millones, teniendo en cuenta la variación de los precios del mercado. Dependiendo de cuánto se demore la obra, se modificará también el precio final”.
“Uno necesita ir pagando las redeterminaciones a la par de los certificados, a medida que se van presentando, para que la obra pueda seguir avanzando. Si conseguimos que se amplíe el mutuo del FFFIR, uno lo va a poder descontar del dinero del endeudamiento, para destinar esos fondos a otras obras”, apuntó.
Pagos retrasados
Respecto de la deuda con las contratistas, dijo que la gobernadora Bertone “dejó una deuda de 700 millones” que se va cancelando de a poco, junto con las nuevas certificaciones. “Venimos avanzando con los pagos y en los últimos 20 días hemos avanzado bastante con los certificados y seguimos tratando de ponernos al día. Todavía hay proveedores a los que se les debe bastante y cada día que se demora el pago se complica para los proveedores. La gobernadora Bertone dejó 700 millones de deuda con las empresas que tenían las obras de construcción. Más allá de estos tres meses de pandemia, se pagaron nuevas certificaciones y ahora se está avanzando en la presentación de certificaciones. El monto se va achicando y le hemos puesto el acento a sacar la mayor cantidad de certificados que podamos”.
El negocio de los bitcoins
Por otra parte, se le consultó sobre las objeciones de la legisladora radical Liliana Martínez Allende a la permanencia de las empresas dedicadas al negocio de bitcoins, que “no generan un solo puesto de trabajo”, y además consumen gran cantidad de energía que necesitan las ciudades. “Las bitcoineras existen en la ciudad de Río Grande y en la ciudad de Ushuaia. En su momento se dijo que podían operar sin poner en riesgo la provisión domiciliaria de energía, pero esta es una foto que va cambiando día a día. En la ciudad de Ushuaia se transformaron líneas de producción que dejaron mano de obra desocupada, porque para controlar los servidores no necesitan más que una persona o dos por turno. Esa es una situación que tenemos que analizar, tanto en Ushuaia como en Río Grande, donde hay varias empresas y hay proyecciones de pedidos, como si fuera el negocio de este tiempo”, dijo.
“Se debe mantener un equilibrio, porque la provisión de energía está complicada en Ushuaia, también en Tolhuin y en Río Grande está al límite. Es importante que lo que se produce redunde en beneficio de los vecinos y en este tipo de situaciones no hay beneficio directo a los vecinos, sino beneficio a las empresas”, concluyó.
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