La presidente del IPV Leticia Hernandez informó sobre el avance de la auditoria iniciada en el instituto, a raiz de varias denuncias de irregularidades en las adjudicaciones realizadas durante la gestión Bertone.
Por FM Aire Libre, puntualizó que se estudian los legajos de las entregas de viviendas en la margen sur de Río Grande y la urbanización del Río Pipo en Ushuaia, donde no se habría cumplido con el requisito de antigüedad, en perjuicio de los vecinos anotados en el listado.
“Hay una gran queja de parte de vecinos que hemos recibido en el Instituto, y fue el disparador para empezar a rever ciertos legajos. El vecino puede denunciar cuando se publica el listado, pero la gente en su momento no denunció porque también les prometían viviendas. Se está haciendo una auditoría de cómo fueron entregadas estas viviendas y estamos observando que no se respetó la antigüedad. En la ley 19 hay un porcentaje de entrega de viviendas para personas con discapacidad, y otro porcentaje de riesgo social. Entre ambos hacen un 25 por ciento y las viviendas restantes son la lista pasiva de demanda general de las personas que se anotan”, explicó.
Aclaró que la finalidad no es dejar sin su vivienda a las familias que la recibieron sin cumplir con los requisitos, sino determinar la responsabilidad de los ex funcionarios. “Es un tema sensible y primero queremos llevarle tranquilidad a las familias que viven en los edificios. Esto tiene que ver con el mal desempeño de los funcionarios de la gestión anterior”, dijo, en particular en el tramo de gestión de Gustavo Vázquez y Fabio Escobar –ex presidente y vicepresidente, respectivamente-. "Escobar es empleado del IPV y dentro del marco legal haremos lo que corresponda”, advirtió, abriendo la posibilidad a una cesantía.
“El análisis no solamente se realiza en Río Grande sino también en Ushuaia, donde tenemos denuncias sobre adjudicaciones de viviendas en el Río Pipo. También tenemos ex funcionarios de la gestión anterior que ocuparon viviendas de servicios y deben devolver. Estamos en la instancia de notificación para que dejen esas viviendas de servicios y son ex funcionarios de distintas áreas”, indicó de la situación de tres viviendas en particular.
“El IPV cuenta con viviendas en el marco de un plan de arraigo, que se destinan a médicos del área de Salud, a Seguridad y a funcionarios, por un tiempo. En el caso de los funcionarios, es por el período de su gestión. Hoy yo voy a Ushuaia y no tengo casa de servicios, porque todavía están ocupadas y las deben devolver. Estamos hablando de tres viviendas puntualmente, porque no hay un barrio de casas de servicios. Tenemos dos personas que eran directivos del canal local en la gestión anterior y otro del Ministerio de Obras Públicas. Hay algunos que pidieron más días de plazo, y tienen que devolver las viviendas porque tenemos médicos y otras personas que vienen de paso a hacer un servicio y necesitamos esos lugares”, remarcó.
Asimismo, dio cuenta de “muchas promesas que hemos heredado, de adjudicación en los primeros meses de la gestión, y nos encontramos con casas de recupero que no existen”, dijo de la expectativa que se habría generado en algunos inscriptos de acceder a una vivienda ya construida, desadjudicada por algún motivo. “A veces por morosidad o porque el adjudicatario está alquilando a una tercera persona, se va recuperando la vivienda, pero es una cantidad mínima, porque en casi todas estas situaciones hay familias con hijos y una situación vulnerable”, sostuvo.
Consultada sobre lo que puede ocurrir con los adjudicatarios que no cumplen los requisitos y recibieron vivienda, una vez concluida la auditoría, insistió en que apunta a deslindar “la responsabilidad de los ex funcionarios. Si constatamos que la familia no cumple con los cuatro años de inscripción y vemos que es un matrimonio con dos o tres criaturas, no se le puede hacer una desadjudicación. Son viviendas otorgadas hace varios meses y la idea no es apuntar a una desadjudicación sino al desempeño en la gestión anterior”.
Hernández cargó contra la conducta de estos funcionarios investigados, porque “nosotros somos servidores públicos y hubo una manipulación con la necesidad de la gente. Ciertos funcionarios no pueden andar impunemente caminando”, sentenció.
Por otra parte, se le consultó sobre la posibilidad de construir más viviendas y los fondos de los que disponen. El recupero actualmente “es de entre un 75 y un 80 por ciento y es muy bueno. La gente cumple y paga, y esos montos deben volver en viviendas, pero en su momento se concretó muy poco. Además estamos haciendo gestiones a nivel nacional y está la posibilidad de articular con el sector privado, para recuperar la identidad del IPV como instituto de vivienda. Hay muchísima necesidad y supera las posibilidades del Instituto. Hay mucha gente que reclama un techo digno y hoy no tiene trabajo. No tenemos para dar respuestas ni siquiera con una casa de recupero. También los que vienen al departamento de Recupero buscan flexibilizar sus cuotas por esta crisis que se vive a lo largo y ancho del país y repercute en nuestra provincia”, planteó.
“La transparencia en la entrega de viviendas pasa por la antigüedad, que para nosotros es la base. La ciudad de Río Grande tiene una demanda en lista pasiva de 4.700 personas. Hay un bolsón de tierra muy importante en la margen sur, en la urbanización Cabo de Mar y se está reactivando la presentación ante el municipio porque esto no fue aprobado. Hubo una urbanización privada aprobada por el municipio, que vendió al gobierno el proyecto, y hay ciertas modificaciones que no responden al primero. Hasta el momento esto no se aprobó y se deben retomar las gestiones ante el municipio. No es el espíritu del IPV hacer entrega de tierras en este caso, primero vamos a ir por el camino de la aprobación de la urbanización y pensamos articular con privados, gestionar ante nación, además de hacer uso del recupero que tenemos, que es bastante importante. Hay un alto costo en la infraestructura y por eso vamos a ir en tres etapas, para ir avanzando de a poco. En este momento no hay viviendas para entregar pero el vecino debe venir año a año a actualizar su legajo. Se le pide una fotocopia del recibo de sueldo, se pregunta si la familia creció, y esto va variando la situación. Para el que no renueva año a año, hay un período de seis meses de espera y luego cae el legajo. El Instituto ha construido los barrios más grandes de Ushuaia y Río Grande y queremos retomar esa bandera, para poder concretar el sueño de muchos vecinos”, concluyó.
#FUENTE: sur54
