La Fiscalia de Estado inició una investigación sumaria que confirmó que el funcionario aun no se matriculó en el Colegio Publico de Ushuaia. A pesar de ello ejerce funciones “que resultan propias de quien tiene incumbencias profesionales de abogado”.
La Fiscalía de Estado emitió un dictamen esta semana en el que se exhorta a la Presidente de la Obra Social de la provincia de Tierra del Fuego (OSEF) Liliana Conti, a exigir la inmediata matriculación del Dr. Marcelo Leonardo Marino, quien ejerce funciones como Coordinador Jurídico de la institución de manera irregular.
Según publicó el diario El Sureño, la Fiscalía intervino ante la denuncia de una mujer que indicaba que el Dr. Marcelo Leonardo Marino, había "tenido intervención en reclamos presentados ante el organismo", sin estar matriculado en el Colegio de Abogados de Tierra del Fuego.
El Colegio Público de Abogados de Ushuaia, confirmó la irregularidad denunciada e informó al Fiscal Virgilio Martínez de Sucre que oportunamente el Dr. Marino inició las gestiones de matriculación. Sin embargo, ante la falta de documentación necesaria para la continuidad del trámite, se concluyó que el susodicho "...no se encuentra, a la fecha, legalmente habilitado para ejercer la profesión de abogado en jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego”
En cambio, la presidente de OSEF Liliana Conti, justificó esta irregularidad, argumentando que el Dr. Marino presta sus servicios en la ciudad Autónoma de Buenos Aires como Coordinador Jurídico “ejerciendo funciones de control y supervisión de controversias, tanto judiciales como extrajudiciales" y que "...no ha sido Instituido como apoderado de la Obra Social, ya que la Obra Social cuenta con una Dirección General Jurídica que cuenta con profesionales abogados y en cada una de las Delegaciones con al menos un abogado de planta o contratado”.
Al describir las tareas que el abogado desarrolla en OSEF, Conti negó que oficie como apoderado de la institución, dijo que no firma escritos como abogado en causa alguna, y que ". . .su asesoramiento se materializa a través de la emisión de notas, o pases en los expedientes Internos que correspondan”.
A pesar de que la Fiscalía otorgó un plazo a OSEF para regularizar la situación del abogado y luego otorgó una prórroga, el trámite de matriculación fue iniciado, aunque todavía no se concretó, "...atento a que desde el mes de agosto se encuentra en recuperación de Graves problemas de salud... ", según informaron desde la obra social.
No es la primera vez que la Fiscalía interviene por una denuncia contra Marino. El año pasado, ya se le había solicitado a Liliana Conti que exija la matriculación de este profesional, así como la del Coordinador Operativo de la OSEF, quien también carecía de matrícula como contador.
Para el Fiscal, “resulta ineludible corroborar que el mentado letrado debe contar con matrícula profesional”, máxime teniendo en cuenta que tiene a su cargo el análisis de jurisprudencia provincial y que confecciona documentos y emite sugerencias de evidente carácter jurídico, cuya incumbencia, en el ámbito cie la Administración Pública, interesan que provengan de profesionales letrados.
“No solo eso, sino que se acreditó que ejerce funciones de auditoría jurídica, la cual no se limita a las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, sino que incluye al control de juicios a cargo de la Dirección General Jurídica con asiento en la Provincia de Tierra del Fuego”, señaló el fiscal en su dictamen.
“Cabe señalar que todos estos documentos y funciones han sido generados en la ciudad de Ushuaia, donde el citado tiene su residencia. De ese modo se ha demostrado que, tal como fue indicado por la denunciante, las tareas efectuadas hasta la fecha por el Dr. Marino fueron desarrolladas en la Provincia y resultan propias de quien tiene incumbencias profesionales de abogado”, afirmó.
Finalmente, Martínez de Sucre exhortó a Liliana Conti a que requiera al Coordinador Legal Marcelo Leonardo Marino la matriculación pertinente “con Ia mayor premura posible dadas las circunstancias del caso (esto es el supuesto padecimiento de graves problemas de salud que requerirían la permanencia del funcionario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A su vez, estimo pertinente poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas, organismo que emitió opinión respecto de la inobservancia de matriculación de profesionales del derecho, y la consecuente responsabilidad de los funcionarios que permitan el ejercicio y/o percepción de haberes por parte de quienes no hayan dado cumplimiento al requerimiento legal”.
Fuente: Reporte Austral
