Los gobiernos municipales de Río Grande y Tolhuin, junto a excombatientes, apoyan la demanda para desmantelar el radar de la empresa de capitales británicos, considerado una amenaza a la soberanía nacional.
En un frente unido por la defensa de la soberanía territorial, el Municipio de Río Grande y el Centro de Veteranos de Guerra "Malvinas Argentinas" anunciaron su respaldo formal a la acción judicial iniciada por Tolhuin para exigir el desarme del radar instalado por la empresa Leolabs.
La postura fue confirmada en una conferencia de prensa encabezada por los intendentes Martín Perez (Río Grande) y Daniel Harrington (Tolhuin), junto al presidente de la agrupación de veteranos, Sergio Luis Cepeda.
La medida legal, impulsada por Tolhuin, se enmarca en un juicio de ejecución fiscal contra la empresa tras el rechazo de un recurso de reconsideración. La demanda no solo busca el desmantelamiento del radar, ubicado en la localidad mediterránea, sino también el pago de multas por incumplimiento de ordenanzas municipales.
Desde Río Grande, el apoyo se materializará mediante la figura de amicus curiae, presentando argumentos legales que refuercen la posición de Tolhuin.
Gastón Díaz, secretario de Gobierno del municipio de Río Grande, destacó la importancia de esta acción como "el primer paso concreto para lograr la demolición de una estructura que vulnera la soberanía". Aclaró, sin embargo, que el proceso se limita a responsabilidades municipales, dejando fuera cuestiones políticas o penales de alcance nacional.
Por su parte, Harrington agradeció el respaldo de Pérez y el aporte de equipos técnicos para fortalecer la estrategia legal.
La presencia del radar, operado por la firma de capitales británicos Leolabs, ha sido calificada como irregular por las autoridades fueguinas, quienes insisten en que su funcionamiento carece de autorización local.
Los veteranos de Malvinas, en sintonía con el reclamo, subrayaron el simbolismo de la lucha contra "injerencias extranjeras" en territorio argentino. La causa judicial se perfila como un precedente en la disputa por el control de instalaciones estratégicas en la provincia.
FUENTE: EDFM
