El IPV lanzara un plan para la cancelación de viviendas adjudicadas en los ‘90

La presidente del IPV, Leticia Hernández, visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 para dar a conocer una iniciativa que apunta a aumentar los ingresos por recupero y a la vez permitir que el adjudicatario cuente con su título de propiedad, mediante la cancelación anticipada.

“Cuando asumí vinimos con muchos proyectos, el IPV se alimenta a través de la ley FONAVI y del recupero de las viviendas entregadas, que es poco. Hicimos un arqueo y trabajamos con un actuario, y tenemos aproximadamente 7 mil activos que están pagando la cuota, y 2 mil de ellos debe menos de 100 mil pesos”, afirmó.

Explicó que “son adjudicaciones de hace muchos años, por eso vamos a darle la posibilidad de que cancelen en cuotas y que puedan tener su título de propiedad. Es una manera de que nos ingresen fondos y de que la persona se vaya con su título. Hay cuotas de 200 pesos y menos, otras de 500 pesos, y la posibilidad de que cancelen nos alivia también el papeleo administrativo, porque sale más caro imprimir la boleta que lo que recaudamos. Estas son adjudicaciones de los ’90, y es gente que viene con dos o tres pedidos de reducción de cuota. Ahí es donde se activa la mirada social del IPV, porque se les paga a las empresas como debe ser, después hay períodos en que el adjudicatario está bien y paga su cuota pura, pero cuando pasa por algún mal momento piden reducción de cuota. Se hace un estudio socioeconómico con licenciados en trabajo social y se hacen hasta tres reducciones de cuotas, que extienden en años el plazo de pago”, dijo.

“La idea ahora es acercarse a ver cómo está la situación e invitarlos a cancelar definitivamente, para tener su título de propiedad, que es una herramienta legal fundamental para cualquier familia”, subrayó.
Comparó los valores de las viejas cuotas con las actuales, que para las últimas viviendas entregadas “están entre 32 mil y 45 mil pesos. Una vivienda de 60 metros cuadrados con dos dormitorios cuesta alrededor de 8 millones de pesos. El metro cuadrado es un valor que va variando día a día, porque tenemos el sistema UVIs y es como el dólar, porque todos los días se incrementa”, dijo.

“El sistema UVIs es la Unidad de Vivienda y la ventaja es que con este sistema automáticamente se paga la redeterminación de precios. La empresa presenta hoy el certificado y en cinco días ya se está pagando la redeterminación de la obra”, aseveró.
Por recupero se recaudan mensualmente 16 millones de pesos, “que equivale a dos viviendas. Eso hay que multiplicarlo por 12 meses, para tener la cantidad de viviendas que se pueden hacer por año con el recupero. Por eso pedimos que por favor paguen la cuota, porque hay familias que están a la espera. Hoy tenemos un buen ingreso por la ley FONAVI y en el primer año que me tocó, con pandemia, se entregaron 180 viviendas. No pudimos mover los fondos porque recién las obras se reactivaron en octubre, pero hicimos 180 viviendas con fondos propios, que es muchísimo. Nos felicitaron a nivel nacional porque tenemos cuatro encuentros al año donde uno explica la situación y muchos optan por inyectar infraestructura. Nosotros optamos por hacer viviendas y el metro cuadrado de Tierra del Fuego es el más elevado del país, porque prácticamente no producimos material y los costos son el doble o el triple”, observó.

Incorporación de madera

Consultada sobre la posibilidad de incorporar madera de la zona a las viviendas del IPV, indicó que “en el código de planeamiento de Ushuaia hay un requisito para incorporar un porcentaje de material de la zona. El barrio Los Tronquitos, que está próximo a la rotonda, fue la única construcción que tenemos desde que era INTEVU, con madera de la zona. Además recuperamos 20 módulos de un convenio con los madereros, que estaba perdido, y tuvimos varias reuniones con la Cámara de Comercio de Tolhuin para recuperar estos 20 módulos en madera de lenga. La verdad es que son una belleza. Les habían pagado el 20% y lo hemos recuperado. Del total, 10 viviendas van a ir para Ushuaia, 8 viviendas para Río Grande y 2 para Tolhuin”, detalló.

“Por el momento no vamos a avanzar con más viviendas de este tipo porque los madereros plantean empezar a cambiar y que no sean todas de madera de lenga, sino que se usen otros materiales para el piso y sumar otros materiales más tecnológicos, porque el costo del secado de la madera es bastante elevado”, planteó.

Banco de tierras

Por otra parte se refirió a las tierras con las que cuenta el IPV y la limitación para crecer en Ushuaia. “Hay banco de tierras del IPV en Ushuaia y Río Grande. En Ushuaia tenemos un bolsón de tierras para 1.300 lotes en el sector III del Río Pipo, que también era una obra paralizada. Vamos a arrancar con la urbanización de 700 lotes y estamos peleando para que la empresa no rescinda y sigamos con la misma. La empresa está haciendo números y el IPV va a poner aproximadamente 400 millones de fondos propios en lo inmediato”, adelantó.

“Queremos presentar la segunda etapa en Nación, nuestro vínculo es con el ministro Katopodis, y tenemos que trabajar en forma conjunta. En Tolhuin tenemos dos bolsones de tierra y siempre agradezco al intendente Harrington, porque nos ha abierto las puertas y quiere generar respuestas. Hicimos un convenio y en esos lotes nos entran 41 viviendas unifamiliares, no son departamentos, sino viviendas de 60 metros cuadrados. En Ushuaia vamos a hacer departamentos y viviendas, porque tenemos que aprovechar el suelo urbano con toda la infraestructura de agua y cloacas”, diferenció.

“Tenemos otro bolsón en Tolhuin para 50 viviendas más y tenemos una demanda de 200 familias. Con esto vamos a estar cubriendo prácticamente el 50% de la demanda. El ministro Ferraresi también está trabajando fuertemente en el tema de viviendas con todos los municipios del país. Está direccionando todos los créditos PROCREAR y el municipio es el vínculo. También hay una política nacional que inyecta infraestructura y eso es muy loable, porque a veces hay gente que tiene recursos y si se le entrega la tierra con infraestructura, puede empezar a construir”, dijo.

Cabo de Mar

En Río Grande la urbanización anunciada en la gestión anterior en margen sur se vería frustrada. “Estamos con bastante conflicto porque heredamos la urbanización Cabo de Mar en la margen sur, que fue una compra de la gestión anterior. La urbanizadora quería una gran fracción de tierra, pero en un basural no se pueden construir viviendas. A lo sumo se sanean con caños de ventilación y esto lleva un período mínimo de cinco años. Hay todo un proceso para instalar una plaza. Se hizo un trabajo junto con la provincia, con cateos en distintos puntos que marcaron una línea límite y hay un sector donde no se puede construir. Después viene la planta depuradora y luego la urbanización de Cabo de Mar. La verdad que el crecimiento de Río Grande va hacia el norte, y son tres ciudades en una, con dos barreras, una creada por el hombre, que es todo el Cono de Sombra; y la otra es la barrera natural del río. Cuando una ciudad está dividida por un río el costo de la infraestructura es tremendo, además el puente es el único vínculo con ese sector, donde falta mucho equipamiento comunitario”, manifestó.

La política tendería a no generar más viviendas en el sector, sino completar lo que falta. “Hay que congelar esa población y alimentarla con equipamiento comunitario, escuelas, hospitales, el vínculo en sí del puente. Hay que reforzar esto, pero debemos crecer hacia el norte”, remarcó.

Lo cierto es que, por el problema de Cabo de Mar donde hay un gran espacio que era basural, “nos permitieron entregar una porción de 300 lotes, de la urbanización que era para 3.000. En ese sector estaban proyectadas 3.200 viviendas, que la gestión anterior compró al privado. La planta no iba donde está ahora sino en la otra punta y se está trabajando para generar 300 lotes con infraestructura, pero no hacer viviendas, para el mediano plazo”, informó.

Por fuera de este sector, “en Río Grande no teníamos tierra. A mí me tocó estar del otro lado en la municipalidad y se hizo una ley provincial por la cual gran parte de las reservas fiscales pasaron al IPV para hacer viviendas, pero las reservas fiscales del gobierno son para equipamiento comunitario, hospitales, escuelas y se alcanzaron a hacer 4 viviendas cerca de una plaza del barrio CGT, y hay 4 viviendas más en una calle paralela, en Almafuerte. Se hizo un análisis urbano para cambiar la zonificación y se permitió. Cuando vinimos nosotros, de las 118 viviendas, 54 eran para Río Grande en cuatro fracciones de reservas fiscales, que están distribuidas en toda la ciudad. Nos vinieron 450 viviendas más, pero los costos son muy elevados y nación pide como requisito que el dominio de la tierra sea de quien hace el pedido de infraestructura”, explicó.

“A nosotros nos toca todos los años ir a defender el presupuesto a la Legislatura y yo mencioné la problemática que teníamos en Río Grande. A Ushuaia le quedan 1.300 lotes y no tiene más. En Río Grande tenemos tierras privadas detrás de Chacra XIII, y más hacia el norte tenemos el master plan de San Martín Norte y hay margen para sentarse con el privado, pero en Ushuaia no”, advirtió.

“Hay urbanizadores que piden una locura y no está a nuestro alcance. Estamos trabajando con cuatro privados, todos hacia la zona norte. Primero salimos con 118 viviendas con fondos propios, después cuando vino el ministro Ferraresi, por el plan federal Casa Propia nos asignaron 450 viviendas y resolvimos ese tema en los bolsones grandes de tierras fiscales. Esos sectores tienen escuelas y más espacio para resolver equipamiento. Tenemos 10.380 inscriptos en el padrón de demanda de toda la provincia, y el número es muy similar en Ushuaia y Río Grande. Son alrededor de 5 mil en cada una, y 200 en Tolhuin. Próximamente vamos a comprar tierras en San Martín Norte y ahí tenemos dos urbanizadoras privadas, Celentano y Proyecto Fueguino. Todos los terrenos van a tener servicios y la semana que viene estaremos firmando. Ya arrancamos con 54 viviendas y próximamente vamos a comenzar con 110 más”, concluyó.

FUENTE: p23