El Municipio de Rio Grande pidió la intervención del Tribunal de Cuentas y la Fiscalia de Estado

El secretario de Finanzas Oscar Bahamonde dio detalles de la abultada deuda que reclaman al gobierno de la provincia, por un monto estimado en 340 millones, entre liquidaciones diarias de coparticipación, saldos definitivos de seis meses ya vencidos, y una sentencia firme de la justicia por 40 millones. A esto se suma una deuda del gobierno nacional cercana a los 90 millones, por las obras de la planta potabilizadora y el natatorio, que se cubrieron con fondos municipales.

Por Radio Universidad 93.5, expuso que “los números están un poco complicados” en el municipio, y dio a conocer la intimación al Ministerio de Economía para que “en 72” haga efectiva las transferencias. “Hemos emitido una resolución por la cual estamos intimando al Ministro de Economía al pago de una deuda de coparticipación. Se trata de definitivos y de liquidaciones diarias. No están emitiendo los decretos de los definitivos y no los están pagando. El definitivo debería liquidarse a los 90 días de terminado el período, y ya tenemos vencido desde junio a noviembre de 2018, es decir que son seis meses que están adeudando del año pasado y ni siquiera han emitido el decreto”, dijo.

“Al no sacar el acto administrativo, dicen que no tienen deuda, pero obviamente no es así. De esos seis meses de definitivos estimamos una deuda de 50 millones de pesos. Luego estamos reclamando las liquidaciones diarias de coparticipación, porque estamos con un retraso de entre 40 y 45 días y nos deben todavía más de 100 millones de pesos de liquidaciones del mes de febrero y, en lo que tienen liquidado de marzo, la deuda es de 150 millones aproximadamente”, señaló.
“Los recursos con los que debe contar el municipio rondan los 220 ó 230 millones por mes. En marzo nos han enviado 150 millones y es una locura. No entendemos cuál es el motivo, porque no hay comunicación, no atienden el teléfono, no hay mensajes, nada, con lo cual no queda otra opción que el reclamo formal”, dijo.

Advirtió que “esto no afecta una gestión sino a los vecinos, porque nosotros necesitamos cumplir con nuestras obligaciones y ni siquiera existe una explicación, lo cual es lamentable, porque los funcionarios públicos estamos para dar explicaciones de nuestros actos”
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Recordó que el ex gobernador Jorge Colazo fue destituido por la retención indebida de fondos de coparticipación al municipio. “No hemos enviado solamente una carta documento sino que es un acto administrativo largo y fundamentado, donde manifestamos que ya conocemos lo que ha pasado en la historia de Tierra del Fuego, como la destitución de un gobernador por esta situación. En noviembre, diciembre y enero hemos enviado cartas documento a la tesorera y la respuesta es que los plazos de la normativa vigente para el pago son ‘estimados’, a lo cual decimos que no, porque ya hay un proceso judicial que tuvo una sentencia de parte del Superior Tribunal. Si los plazos fueran estimados, están mintiendo, porque a la Municipalidad de Tolhuin le pagan con 30 días de adelanto. La Tesorería nos pasa los informes mensuales de pago y uno puede ver la fecha del expediente de Río Grande y de Tolhuin, y uno ve que han cobrado hasta con 30 días de anticipación. Es claro que hay una voluntad de a quién pagarle y a quién no”, cuestionó.

“Les decimos en la resolución que el gobierno tiene una obligación de rango constitucional hacia el Municipio de Río Grande. Por otro lado hay acuerdos políticos del gobierno, porque sabemos que hay un armado para las elecciones entre la Municipalidad de Ushuaia y el gobierno provincial, donde el Municipio de Ushuaia se ve beneficiado respecto de Río Grande, porque ha recibido 300 millones de pesos de un convenio para obras y otro convenio de 120 millones de pesos para gastos corrientes. Al Municipio de Río Grande no le hacen las transferencias de coparticipación, a lo cual están obligados constitucionalmente, pero a un municipio amigo le hacen las transferencias y además convenios de pagos para beneficiarlo, y claramente hacer campaña con esos fondos, mientras que los retacean a nuestra ciudad”, sostuvo.

Aseguró que “el convenio de 300 millones y el de 120 millones son convenios no reintegrables, es decir que es un regalo, y ahí está la diferencia entre estar o no estar en un sector político. Son dos convenios que están publicados y los puede ver cualquiera, uno para obras y otro para el pago de gastos corrientes”, precisó.

Aclaró que “no es la única deuda que tenemos con el gobierno de la provincia, porque hay una sentencia judicial favorable al municipio y hemos pedido el pago al gobierno, pero no lo ha hecho. Hemos enviado el informe a la Legislatura sobre esta sentencia favorable definitiva, y el valor actualizado está por encima de los 40 millones. Hemos pedido que sea incluido en el presupuesto 2019 pero no tuvimos respuesta. Ahora estamos siguiendo la vía judicial correspondiente para la ejecución de esa sentencia, pero desde el Poder Legislativo no han dado respuesta. La sentencia ya tiene dos años y no tenemos la posibilidad de que se nos incluya en el presupuesto para el pago. Hay una clara discriminación y es muy clara cuál es la voluntad hacia el Municipio de Río Grande”, manifestó.

Respecto de las deudas del gobierno nacional por la obra de la planta potabilizadora, dijo que están a la espera de que “en algún momento el fideicomiso austral libere los fondos adeudados, porque son montos importantes y superan los 50 millones de pesos. Hoy la única obra que tenemos con financiamiento nacional es la pileta, pero hace tiempo no vemos fondos. Se sigue construyendo porque la municipalidad está pagando los certificados de obra. Ahí tenemos entre 25 y 30 millones por cobrar también. Por la planta potabilizadora estamos entre 50 y 60 millones, y entre 25 y 30 con lo de la pileta, y luego tenemos las deudas del gobierno provincial con el municipio. Por eso la situación se vuelve compleja y difícil para seguir avanzando”, alertó.

Consultado sobre la injerencia de la provincia en el pago de fondos nacionales, dijo que “en la pileta no hay relación del gobierno provincial pero con la planta potabilizadora entiendo que sí, porque estamos cobrando los certificados básicos pero no las redeterminaciones, y las diferencias surgieron por algunas interpretaciones que hizo el gobierno provincial sobre esas redeterminaciones. Entiendo que luego rectificaron la posición porque, en definitiva, lo que pretendíamos era cobrar, y seguimos a la espera de esa situación”.

Bahamonde priorizó “los fondos de coparticipación que nos corresponden, porque se liquidan 220 ó 230 millones por mes y hemos recibido 150 millones en marzo, y no tenemos ninguna respuesta. Nosotros tenemos un mayor coeficiente de coparticipación y estimo que Ushuaia debe andar en los 200 millones mensuales. Río Grande recibe un poco más de coparticipación federal y es similar el caso en regalías, porque recibimos un poco más. Esto se distribuye de acuerdo a la cantidad de habitantes y por eso tenemos una mayor participación”, explicó.

Sueldos al día

Pese a estas dificultades, aseguró que se sigue pagando los sueldos a los empleados municipales en tiempo y forma. “Desde hace un par de años venimos cancelando siempre el último día hábil del mes y es una obligación que tratamos de cumplir, aunque en estas condiciones se hace complicadísimo hacerlo. Este mes no anunciamos el pago hasta último momento, porque no sabíamos si llegábamos a cubrir el monto. Estábamos esperando tener una transferencia importante en la última semana, pero eso no ocurrió. Entre sueldos y cargas sociales debemos andar en los 170 millones de pesos”, indicó.

Consultado acerca de si hay atraso en los giros al Concejo Deliberante y otros entes municipales, lo negó. “El que crea que hay un atraso puede presentarse y hablarlo con el Municipio. No existe ninguna presentación de ningún ente al cual le debamos fondos, y los pagos se realizan todos los meses de acuerdo a los gastos que corresponden, tanto al Concejo como al Tribunal de Cuentas. Además de pagar los sueldos, se envían fondos en forma semanal. Cuando se hace el cierre anual del presupuesto, que se debe presentar antes del 30 de marzo, se ve si existió alguna diferencia”, dijo.

Aumento de impuestos

Por otra parte, negó el aumento desmedido de impuestos como expresaron algunos concejales de la oposición. “Otras de las tantas mentiras que se dijeron y se publicitaron fue el aumento de impuestos en Río Grande. Esto quedó claro que no pasó, y la variación en la unidad fiscal respecto del año pasado fue del 24%. En cuanto al impuesto automotor, dependía de la valuación que llegara de los vehículos y la hemos adaptado al mercado de nuestra ciudad, siempre pensando en que la variación sea lo menor posible, porque sabemos que en 2018 hubo una gran diferencia en la valuación de vehículos por la inflación tan alta. Las valuaciones que pasa el registro nacional de la propiedad automotor respecto del año pasado tuvieron una variación muy grande y se tuvo en cuenta la situación económica en que estamos, tratando de que la variación esté dentro de la variación del 24% de la unidad fiscal”, sostuvo.

Proveedores al día

En cuanto a los proveedores, “no tenemos deuda”, aseguró el Secretario y expuso que “hay un proveedor que cree que el municipio le debe por la forma en que se realizaron las cancelaciones. Las obligaciones están todas pagas y el reclamo no es por falta de pago sino por intereses que cree un proveedor que se le deben pagar”.

Recaudación en baja

También se refirió al impacto de la crisis en la recaudación propia del municipio, por lo que se siguen implementando incentivos a los contribuyentes. “La caída en la actividad se nota en la recaudación del municipio porque no somos ajenos a la situación económica de la ciudad. Por eso siempre agradecemos y destacamos al vecino que cumple, porque es él el que permite que el municipio pueda llevar adelante las acciones que se hacen día a día. Se trata de buscar beneficios a través del banco, para que puedan hacer el pago anual, obtener descuentos y a su vez cuotas sin interés. El municipio da hasta un 25% de descuento en el impuesto inmobiliario, hasta el 30% en el impuesto automotor con los pagos anuales, y pueden pagar en seis cuotas sin interés si tienen cuenta en el Banco Macro o en doce cuotas sin interés para el caso del Banco Tierra del Fuego. El municipio tiene vigente un plan de pago para los vecinos que no hayan podido pagar sus impuestos, para financiar la deuda en doce cuotas sin interés. Esto es muy importante, porque vemos que hay organismos nacionales y provinciales donde cobran tasas del 4 y 5% mensual para financiar deuda. La AREF tiene planes de pago con una tasa de interés que ha presentado públicamente. Desde el municipio se hace un esfuerzo grande para ofrecer cuotas sin interés y ayudar al vecino a regularizar su situación”, destacó.

“En estos momentos de crisis se ve que una de las cosas que el vecino deja de pagar son los impuestos, por eso buscamos herramientas con beneficios, como los descuentos por el pago anual, o el pago en cuotas sin interés. Obviamente vemos que la cantidad de gente que se acerca a realizar el pago va disminuyendo, y buscamos aumentar esa recaudación a través de distintos alicientes”, dijo.

Intervención de organismos de control

Bahamonde espera que esta semana se hagan efectivas las transferencias y a la vez dio a conocer el pedido de intervención a los entes de control del estado. “Espero se normalicen las transferencias y cumplan con sus obligaciones legales. Obviamente esperaría que la situación se manejara de otra manera y no tener que enviar formalmente el reclamo. Hemos informado además a la Legislatura provincial, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado. El reclamo del municipio no es infundado y estamos pidiendo al Tribunal de Cuentas que certifique cuál es la deuda que tiene la provincia con el municipio de Río Grande, tanto de coparticipación, como de saldos definitivos, y si es verdad que el Municipio de Tolhuin cobra antes que el de Río Grande, y cuánto deben de liquidaciones diarias”, dijo.

“Nosotros hemos emplazado al Ministerio de Economía a que en 72 horas deposite los montos adeudados, y los montos reclamados surgen de informes que tiene la propia provincia. No es algo que la provincia desconozca”, subrayó.

El funcionario vinculó este retraso en los giros con el proceso electoral y consideró que “es triste que estas prácticas se repitan. Vuelvo a repetir que los fondos no son del municipio y no estamos pidiendo ni adelantos ni asistencia financiera, sino que estamos pidiendo lo que nos corresponde. Se está perjudicando a la ciudad al no enviar los fondos que le corresponden, al vecino que necesita un subsidio, pide un préstamo o determinados servicios. Es el mismo vecino al que después van a ir a golpearle la puerta para pedirles el voto. El presupuesto reconducido no es excusa para no enviar los pagos porque estos montos fueron percibidos por la provincia”, concluyó.

Fuente: p23