El municipio ira en queja ante la Corte Suprema de Justicia de Nación

Por entender que no hubo un correcto conteo de plazos por parte de la Cámara de Apelaciones con asiento en Comodoro Rivadavia, la Municipalidad de Río Grande anunció que presentará un recurso de queja ante el máximo tribunal de la nación.

Según se indicó desde el municipio riograndense, la Cámara de Apelaciones rechazó un recurso extraordinario presentado por el Municipio de Río Grande contra la concesión por parte del Gobierno Nacional de permisos de exploración y explotación hidrocarburífera costa afuera a empresas extranjeras vinculadas con Gran Bretaña, por considerar que se excedieron los 10 días de plazo para la presentación del mismo. Se sostiene que la Cámara no computó los días por distancia que corresponden según el Código Procesal Civil de la Nación, que suman 9 días más en razón de la distancia, por lo que el plazo con el que se contaba para formular la presentación era de 19 días y no de 10. En este marco, el  Director General de Asesoría Letrada del Municipio de Río Grande, Gonzalo Carballo, informó que el recurso de queja ante el máximo tribunal será presentado la semana entrante. Asimismo, aseguró que no hay una resolución definitiva de la cuestión de fondo, ya que  la documentación de la Secretaría de Energía de Nación que aduce que se cumplimentaron todos los pasos correspondientes es controvertida por el Municipio, ya que cuentan con informes que indican vinculaciones de directivos de las empresas con Gran Bretaña y la falta del estudio de impacto ambiental.

La presentación inicial realizada por el Municipio junto a instituciones de la ciudad es un recurso de amparo colectivo contra el decreto nacional 872 que convocó a concurso público internacional para adjudicar permisos de exploración y explotación en la zona de la plataforma continental argentina en las adyacencias de Malvinas.

También se pidió una medida cautelar de no innovar con el objeto de frenar el efecto ejecutorio de este decreto e impedir la adjudicación de los permisos a empresas que tienen vinculaciones con el gobierno ilegítimo británico de Malvinas.

FUENTE: edfm