De los cinco proyectos de emergencia solicitados por el Ejecutivo, la Legislatura aprobó cuatro con modificaciones. El de mayor importancia para la gestión Melella, que buscaba declarar la emergencia administrativa, económica y financiera de la Administración Publica Provincial, fue girado a comisión. La activa intervención de los intendentes de Ushuaia y Rio Grande frustró el tratamiento de esa iniciativa.
Pasadas las 2 de la madrugada del sábado 28, y luego de 15 horas de sesión, los Legisladores resolvieron por unanimidad girar a comisión el proyecto de ley mediante el que el Poder Ejecutivo pretendía que se declara el estado de emergencia de la Administración Pública Provincial e Instituciones de la Seguridad Social en todo el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, en materia administrativa, económica y financiera.
La falta de acuerdo político existente en torno a la sanción de esa iniciativa motivó que este asunto fuera tratado como último tema de la sesión extraordinaria que había comenzado un cuarto de hora antes de las 11:00 del pasado viernes, pero ese mayor tiempo de negociación -plasmado en extensísimos cuartos intermedios- no alcanzó para que la coalición oficialista lograra conseguir los 10 votos necesarios para habilitar su tratamiento sobre tablas. Y en eso resultó determinante la intervención que tuvieron los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto, y de Río Grande, Martín Pérez.
El rol que jugaron los jefes comunales quedó en evidencia en un tweet que Walter Vuoto publicó en su cuenta, cerca de las 22:00 del viernes, dirigido al legisladores justicialista Federico Bilota y en el que cuestionaba el posible apoyo de la bancada del PJ a la iniciativa oficialista en los siguientes términos; “es en serio que van a aprobar dos mil millones de endeudamiento y contratación directa por uno año, ufffff estamos evidentemente en otra provincia”.
Más allá de haber logrado la aprobación de la declaración de emergencia en infraestructura y equipamiento portuario; la declaración de emergencia -bajo el título de ley de sustentabilidad y fortalecimiento- del sistema previsión social; la declaración de emergencias en el sistema sanitario y la declaración de emergencia en infraestructura educativa; el resultado adverso en la aprobación de la emergencia administrativa, económica y financiera constituyó un duro revés político para la coalición gobernante, lo que quedó evidenciado en los rostros de los legisladores de Forja y del MPF, de la vicegobernadora Urquiza, de los ministros Jefe de Gabinete, Agustín Tita, y de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández, y del titular de la AREF Oscar Bahamonde. A decir verdad, el pase a comisión del proyecto tampoco parece haber sido tomado por la oposición, en particular por los bloques del PJ y de la UCR, como un triunfo político, sino como una alternativa intermedia que no resultó plenamente satisfactoria para ninguna de las partes.
Sin temor a equivocación, los únicos que se retiraron satisfechos del edificio legislativo fueron el secretario de Coordinación de Gabinete y el secretario de relaciones parlamentarias y articulación política del Municipio de Ushuaia, David Ferreyra y Omar Becerra, respectivamente.
La resolución legislativa del tema impide, por el momento, que el Poder Ejecutivo pueda disponer la emisión de letras de tesorería por hasta 2 mil millones de pesos para cumplir con las obligaciones financieras de carácter urgente o impostergable, y deberá contentarse con la posibilidad de emitir únicamente hasta por 700 millones, tal lo autorizado en el reconducido presupuesto 2018.
Verá también limitada la posibilidad de readecuar o renegociar contratos de obra pública, prestación de servicios y provisión de bienes a los términos fijados en la ley de presupuesto 2018.
No podrá destinar el 25% de las utilidades del BTF al otorgamiento de préstamos no bancarios ni otro 25% a fondear el Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF), ni contar con el alivio económico que le podía generar a la Provincia la suspensión de las ejecuciones de sentencias y laudos arbitrales que condenen al Estado Provincial al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero, durante la vigencia de la emergencia.
Tampoco podrá, tal lo preveía el proyecto, realizar durante el ejercicio 2020 las reestructuraciones presupuestarias que considere pertinentes a la ley de presupuesto 2018, y se verá restringido a poder reestructurar únicamente los créditos del inciso "Personal" según surja de su distribución en función de la recomposición de los salarios, aportes y contribuciones del personal de la Administración Central y organismos descentralizados. Ajustes estos que deberán estar compensadas por la disminución de los gastos corrientes o por el incremento de los recursos, tal lo autorizado en el presupuesto 2018.
El resto de las emergencias
Los otros 4 proyectos de declaración de emergencia resultaron aprobados sin mayores contratiempos.
Para el abordaje del proyecto de emergencia previsional por 2 años, los legisladores mantuvieron un encuentro con los representantes de activos y pasivos en el directorio de la Caja de Jubilaciones, con los que se acordaron algunas modificaciones al texto original. Por ejemplo, cambiar el nombre de ley de emergencia por el de sustentabilidad y fortalecimiento del sistema de la previsión social, y excluir los cambios que se pretendían introducir en materia del cobro de pensión por fallecimiento del jubilado o del afiliado en actividad con derecho a jubilación.
Los cambios acordados habilitaron la sanción por mayoría del proyecto. Únicamente lo votaron en contra los tres legisladores del bloque del Partido Verde.
El tratamiento de la emergencia en infraestructura y equipamiento portuario ameritó la convocatoria al flamante presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, para que explicará las razones de esa declaración. La exposición del funcionario convenció a la mayoría de los parlamentarios, no así a los 3 integrantes del bloque del Partido Verde que la votaron en contra. La Legisladora Victoria Vuoto explicó esa postura argumentando que Murcia había reconocido que la Dirección de Puertos no se encontraba en una situación de emergencia económica.
En tanto que resultó unánime el respaldo del parlamento a los proyectos que declararon la emergencia sanitaria y la de infraestructura escolar.
En estos últimos tres asuntos se introdujeron cambios. Por ejemplo, se fijó un plazo de vigencia de 1 año prorrogable por igual período por la Legislatura a solicitud del Ejecutivo, y no ya directamente por el propio Poder Ejecutivo.
Los otros proyectos aprobados
En la maratónica sesión extraordinaria que comenzó durante la mañana del vienes y terminó en la madrugada del sábado, y que marcó el debut de los parlamentarios que asumieron el pasado 17 de diciembre, se aprobó por unanimidad un régimen especial de presentación espontánea y regularización de deudas para todos los tributos cuyos vencimientos para el pago hayan operado hasta el 31 de diciembre de 2019, incluidas las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial.
Quienes accedan al régimen podrán cancelar sus obligaciones hasta en 60 cuotas, de no menos de mil pesos cada una, y con un interés de financiación de hasta el 2% mensual, con remisión en entre el 40 al 100% de recargos, intereses resarcitorios, moratorios y punitorios, y condonación de multas y cargos por notificación.
Por unanimidad también se autorizó ampliar el destino de los 785 millones de pesos afectados a infraestructura portuaria, obtenido por la colocación del bono TDF 2017.
Otro tanto ocurrió con la modificación a la ley de creación de la Dirección Provincial de Puertos para incrementar el nivel remunerativo del Presidente, Vicepresidente y del Director Ejecutivo, cargo creado en la misma ley.
Tampoco hubo objeción alguna a la aprobación de la modificación de la ley de creación del Instituto Fueguino de Turismo, el que si bien continuará siendo un organismo descentralizado con carácter de autárquico tiene ahora rango de ministerio, por lo que su titular y demás autoridades verán mejoradas sus remuneraciones. A partir de esta modificación el InFueTur contará con 3 Secretarios, ya que a los de Política Interna y Política Extema se suma el de Coordinación Estratégica.
Además, los Legisladores aprobaron la quinta prórroga, en esta oportunidad hasta el 1 de febrero de 2021, en la entrada en vigencia de la justicia contravencional, y prestaron acuerdo a las designaciones de Arceli Oviedo Gimenéz y Adrián Dratler como Contador y Subcontador de la Provincia, y de Fermín Bogarín y Francisco Devita como Tesorero y Subtesorero de la Provincia.
Fuente: eldiariodelfindelmundo
