Sábado 23 de Noviembre de 2024, 09:53 hs.
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La legisladora Myriam Martinez explico que la Legislatura tomó la decisión de expropiar las tierras y destinarlas como segunda via de acceso al sector de la Margen Sur de la ciudad de Rio Grande el 27 de octubre de 2017 sancionando la ley N° 1185.
“A partir de ese momento es el Poder Ejecutivo quien debió cumplir con la expropiación y lo que hizo fue suscribir un convenio el 2 de marzo de 2018 con el ex propietario de las tierras obligándose a cosas que evidentemente no podía cumplir”, detalló.
Martínez expuso en tal sentido que su intervención fue “luego de escuchar a los vecinos de la Margen Sur quienes le informaron sobre esta situación y de la necesidad de que ese camino este abierto”.
A partir de ahí, en su rol de legisladora remitió pedidos de informes al Gobernador, a la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, al Fiscal de Estado y al Presidente de Vialidad para conocer los motivos de porque no se estaba cumpliendo con la ley.
En ese marco, el presidente de Vialidad dice que “el ex propietario de las tierras expropiadas habría sido quien cerró la ruta porque no se cumplió con un convenio, y ahí nos enteramos de la existencia del mismo, luego recibí la respuesta al pedido de informe que le remití al Fiscal de Estado quien me envía el convenio y veo que mediante el mismo el propietario entregó la posesión de las tierras expropiadas y que la provincia entre otras cosas se comprometió a alambrar todo el perímetro del inmueble con fecha de inicio el 30 de abril del 2018 y de finalización el 30 de junio de 2018”.
Martínez sostuvo que durante la reunión que mantuvo con el titular de Vialidad se le informó que quien cerró la ruta fue “el ex propietario aludiendo que no se había cumplido con el convenio”.
“Pareciera que el inconveniente es que se firmó un convenio, se obligó a la provincia y después se dieron cuenta que no tenían la capacidad técnica de hacer un alambrado”, continuó.
La legisladora añadió que “con esto no estoy diciendo que no se puede firmar un convenio, sino que lo que debe hacerse es, si se decide firmar un convenio, asegurarse de que sea posible su cumplimiento y luego cumplirlo, porque si no se cumple el Estado es responsable por el incumplimiento y así estamos con la ruta cerrada por firmar convenios que después no se pueden cumplir, una vergüenza, sentencio la legisladora”.
Consultada acerca de cómo seguirá la disputa, amplio que “más allá de los entredichos, espero que todo esto sirva para que próximamente el Gobierno le dé una solución a los 40 mil vecinos de la Margen Sur, porque la tierra ya está expropiada, sólo falta la voluntad política de resolver y abrir la ruta, cumpliendo con lo que se acordó y poniéndose a trabajar”.