Precarización laboral y clientelismo de Melella: “La gestión saliente incorporó mas de 600 personas antes y durante la transición”

El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Dr. Gastón Díaz, reveló por FM Master’s que más de 600 trabajadores municipales fueron incorporados este año para la campaña política provincial y nacional, bajo la modalidad de contratos o programas de empleo, y en su mayoría no tienen asignada ninguna función.

En total habría 1.400 trabajadores “precarizados” entre locación de servicios y distintos programas, y cada caso será analizado individualmente para decidir su continuidad o no.
El tema fue debatido con los gremios que nuclean a trabajadores estatales municipales, porque “el planteo de ellos no fue solamente la cuestión salarial. Por supuesto debemos abrir paritarias inmediatamente para evaluar las posibilidades del municipio de discutir los salarios de los agentes municipales. Es lo que van a solicitar los gremios en los próximos días y este trámite se hace a través del Ministerio de Trabajo, de donde viene la convocatoria al municipio”, explicó.

Remarcó que “también se habló de las condiciones laborales y muy especialmente sobre la indumentaria de los trabajadores municipales. En estos días hemos podido ver que necesitan realmente una especial atención, en función de lo que nos dicen los propios empleados; y otro tema importante que se habló con el gremio fue la excesiva contratación, diría irregular, de personas que tienen vínculos con el municipio”.

“Durante la transición dijimos que no había información con relación a los pasivos municipales ni del personal contratado por locaciones de servicios o asistido por un plan social o de fortalecimiento laboral. Nos hemos encontrado con que son cerca de 1.400 personas las vinculadas al municipio de esta manera. Hay una excesiva contratación irregular de personal y, según quienes fueron funcionarios municipales, fue por el incremento de servicios municipales, pero ninguna ampliación de servicios del municipio justifica precarizar a 1.400 personas”, fustigó.
Consideró que “este es uno de los problemas urgentes que tenemos que resolver, y es reordenar el caos en materia de personal con el que nos encontramos en la municipalidad. No me refiero a los agentes municipales con contrato de empleo público o en planta permanente, porque ellos tienen su obra social, cuentan con ART, son nucleados a través de una entidad gremial que los defiende. Este es personal que se vincula como monotributista a través de una locación de servicios o de un programa. Seguramente el motivo de la escasez de la información en la transición tiene relación con la exagerada cifra de 1.400 personas que son precarizadas por el municipio a través de estas modalidades”, aseveró.

Apuntó que “el término ‘precarizado’ tiene que ver con que los monotributistas, que son más de 300 personas, carecen de obra social, no tienen seguro para casos de accidente ni se le realizan aportes patronales. Lo mismo sucede con las más de 800 personas vinculadas a través de un plan o un programa social. Martín Pérez fue claro en los últimos días cuando dijo que en los últimos meses de gestión nos encontramos con que la gestión saliente incorporó más de 600 personas a través de estas modalidades, antes y durante los días que estábamos en transición. A esas personas no se les brinda una adecuada asistencia social, porque se les solicita que trabajen para las campañas electorales que se dieron en los últimos meses, tanto la provincial como las nacionales, y esto lo cuentan con muchísima indignación las propias personas que se nos acercan”, afirmó.
“Es una forma de precarizar al vecino más vulnerable, de fomentar el clientelismo político, y queremos que los vecinos que necesitan una ayuda de parte del municipio tengan una verdadera asistencia social a través del área de Desarrollo Social, sin necesidad de tener que gastar para trasladarse a un lugar físico del municipio donde ni siquiera se les asignan tareas. Si es una ayuda social, el vecino no debe realizar ninguna contraprestación de tareas para el municipio ni para ninguna agrupación política”, sentenció.

Consultado acerca de qué va a pasar con estas personas, informó que se está haciendo “un relevamiento exhaustivo de cada situación particular, porque no se nos entregó un listado con un detalle de estas personas en la transición y lo vamos haciendo día a día con los propios vecinos que se nos acercan a plantear que trabajaron para la campaña o para el municipio y están acogidos a un plan”.

“Para que nadie quede sin una ayuda social, porque eso nos ha pedido Martín a cada uno de los funcionarios del gabinete, estamos haciendo este relevamiento. Nos va a llevar tiempo pero vamos a evaluar cada caso y vamos a continuar ayudándolos, pero sin precarizarlos, poniendo en valor a cada persona, entendiendo su situación social, que es muy compleja, y acompañándolos a conseguir un empleo genuino. Ninguna ampliación de servicio justifica precarizar a 1.400 personas”, reiteró Díaz.

En cuanto a los contratados, dijo que “muchos terminan el 31 de diciembre y otros terminan en marzo. El solo hecho de que terminen el 31 de diciembre no implica que tengamos que dejarlos sin una asistencia social. Hay muchos casos donde más que una formación laboral se otorgaba una asistencia social y se les exigía contraprestación de tareas. Creemos que los casos que necesitan asistencia tienen que continuar. Hay muchos casos de locación de servicios de personas que el municipio realmente necesita, como los profesionales de la salud o del área de deportes. A pesar de que el municipio tiene su cuerpo de abogados, hemos encontrado profesionales abogados y contadores contratados a través de locaciones de servicio y muchos de esos casos queremos continuarlos porque vienen así hace muchísimos años. Hemos encontrado personas con planes, con programas, con locaciones de servicios, que tienen hasta ocho años de antigüedad. Con esas personas que el municipio necesita queremos continuar, y con los que son una cuestión netamente social queremos continuar pero a través de un programa de ayuda social, sin contraprestación, porque es lo que corresponde”, señaló.

Consultado sobre los planes que tiene el municipio, respondió que “es la misma situación que la locación. Hay algunos programas que queremos continuarlos y otros que hay que reordenar, y me refiero específicamente a programas de fortalecimiento o de formación laboral que necesitan continuar, y otros que tienen que ver con asistencia social. Hay planes o programas que tienen trabajando a los placeros en las plazas públicas, y ese tipo de programas queremos continuarlos con las personas que vienen trabajando hace muchísimos años bajo esta modalidad”.

Nuevo organigrama

Por otra parte, se refirió a la modificación del organigrama municipal, la incorporación de Cultura y Juventud a la agencia de Deportes, y la creación de la Secretaría de la Mujer. “Esto lo trabajamos en los seis meses que tuvimos desde el 16 de junio hasta que Martín Pérez se hizo cargo de la intendencia, para no incrementar la planta política sobre todo con la creación de nuevas estructuras. Fuimos muy cuidadosos en ese punto, porque es lo que se merece el vecino. Pusimos en funcionamiento áreas que no habían sido valoradas, como la Secretaría de la Mujer, y para eso tuvimos que quitarle el rango de Secretaría a Innovación y Modernización y redistribuir las funciones que realizaba. La distribuimos en las otras Secretarías a los efectos de no crear más. Específicamente con la agencia municipal de deportes, se agregó el trabajo cultural y por eso a partir de la gestión de Sebastián Bendaña, vamos a tener una agencia municipal de deportes, cultura y juventud”.

“La Secretaría de la Mujer tiene áreas muy sensibles y uno de los puntos neurálgicos que se va a trabajar es la asesoría municipal, para darle especificidad y para que el abordaje que se dé a las cuestiones de género sea integral. No solamente habrá un patrocinio jurídico en los casos que requieren llegar a juicio, sino una contención psicológica y de otro tipo, como puede ser social, de salud. La defensoría municipal de la Secretaría de la Mujer, a cargo de Alejandra Arce, será transversal a todas las áreas del municipio”, adelantó.

Proyecto de emergencia

También aludió al polémico proyecto de emergencia, que fue retirado por el gobernador Melella, y criticó el avance sobre las autonomías municipales, como también que se falte a la palabra asumida al pretender pagar en cotas o con letras la deuda de coparticipación que dejó la gestión Bertone.

“El equipo económico estuvo abocado a analizar los proyectos que ingresaron a Legislatura y hay un fuerte cuestionamiento, porque hay un avasallamiento claro a las autonomías municipales. Durante la transición en varias oportunidades fuimos claros en cuanto a que no nos llegaba información relacionada con el pasivo municipal, y con el personal vinculado al municipio. Esto tiene directa relación con el tema, porque cuando planteamos que no teníamos acceso al sistema financiero municipal para conocer el estado de las finanzas, adelantamos que al cierre del ejercicio el 31 de diciembre se iba a presentar un déficit cercano a los 37 millones de pesos. En ese momento los actuales funcionarios del gobierno provincial estaban a cargo del municipio y nos dijeron a través de los medios que no había de qué preocuparse porque ese déficit se iba a equilibrar con el pago de la deuda de coparticipación. Sin embargo en el proyecto de emergencia se observa la intención del gobierno de afrontar la deuda de coparticipación en 24 cuotas, abonando con terrenos y letras de tesorería. Me parece que la preocupación tiene sustento en el propio texto de la norma”, subrayó.

Concedió que este proyecto tensiona la relación con el gobierno, aunque se haya reformulado. “Si se hubiera trabajado con los municipios o al menos se hubiese anunciado en el discurso de asunción del gobernador, podríamos haberlo debatido. Imponiéndolo de esta manera, va a ser muy difícil que tengamos una relación de respeto mutuo y claro que tensiona la relación”, dijo.

Participación en la empresa de hidrocarburos

Finalmente hizo pública la intención de participar en el debate del proyecto de creación e la empresa estatal de hidrocarburos, y dio su apoyo al gremio petrolero, que reclama ser parte de la integración.
“Se trata de la creación de una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, y lo que se planteó en la reunión del intendente con el secretario general del gremio petrolero Luís Sosa tiene un punto de coincidencia para ambas partes, que es la necesaria participación de la municipalidad, de la comunidad de Río Grande, de los vecinos, y la participación que deberían tener en la empresa los trabajadores del petróleo”, sostuvo.

“De esta charla surgió que el gremio de petroleros plantea tomar parte del debate y, según lo expresó Luis Sosa, existen en otras provincias empresas estatales que exploran y explotan hidrocarburos donde los trabajadores tienen una participación en las utilidades. Tratándose de una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, en alguna parte, al menos en un 49%, podrían participar personas o empresas privadas, y por qué no participar los trabajadores”, propició.

“Es un punto que nos une la apertura del debate de este tema. En la carta orgánica se establece claramente el derecho inalienable del municipio sobre los recursos naturales no renovables y que el municipio debe fomentar que la nación y la provincia contemplen la ampliación de regalías de hidrocarburos que beneficien a los vecinos de Río Grande. Incluso los convencionales establecieron una finalidad para esa ampliación de regalías. Es un proyecto que atraviesa a toda la comunidad de Río Grande, porque los hidrocarburos se extraen en nuestro departamento, y merece que tanto el municipio como los trabajadores sean escuchados”, reclamó.

“El proyecto continúa en pie en la Legislatura, que tiene previsto sesionar el 27”, dijo, si bien no forma parte del orden del día anunciado y se comenzaría a debatir a partir de marzo. “Los legisladores y el gobierno de la provincia tienen que tener en cuenta el artículo 69 de la carta orgánica municipal, porque los vecinos merecemos formar parte de ese debate, y también los trabajadores. Es un tema que no hay que perder de vista, porque no se trata de una sociedad del estado. No es una empresa que va a tener como único propietario al estado provincial, sino que se trata de una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, es decir que al menos un 51% deberá estar en manos de la provincia pero el resto puede ser privatizado sin inconvenientes. Si se va a privatizar el 49% de las acciones, por qué no pensar en los vecinos de Río Grande y en los trabajadores”, concluyó.

FUENTE: p23