Rechazaron un planteo de prescripción presentado por gremialistas estatales

El juez de instrucción Javier De Gamas Soler rechazó un planteo de prescripción presentado por la defensa de los gremialistas estatales involucrados en la causa donde se investigan los incidentes ocurridos el 31 de mayo de 2016, cuando la Policía desalojó el frente de la Casa de Gobierno, y otros episodios de violencia ocurridos en la misma época derivados del conflicto por la reforma previsional.

El planteo de “extinción de la acción penal” había sido formulado con el argumento de que la justicia dejó pasar los plazos máximos para juzgar los hechos que se investigan.
Con el rechazo, más allá de las posibles apelaciones, la causa se encamina a ser resuelta en un juicio oral y público.

La investigación judicial analiza, en rigor, tres hechos diferentes ocurridos entre abril y mayo de 2016, durante los primeros meses de la actual gestión gubernamental.
Por una parte, el escrache realizado por un grupo de sindicalistas al domicilio particular de la gobernadora Rosana Bertone, el 1 de abril, y por otro lado el ataque que sufrió el vicegobernador Juan Carlos Arcando a la salida del acto donde se recordaba el hundimiento del Crucero General Belgrano, el 2 de mayo.

Por último, los incidentes que tuvieron lugar cuando la policía desalojó el acampe montado frente al edificio gubernamental, el 31 de mayo, y se produjo un incendio intencional que logró ser sofocado por las autoridades.
Por estos hechos, tienen procesamientos firmes los sindicalistas Horacio Catena (máximo referente del sindicato docente) Víctor Alejandro Marín (ex vicedirector del turno tarde del Colegio Provincial Kloketén) Roberto Alejandro Tihuel Avendaño, José Darío y Alejandro Daniel Gómez, Roberto Camacho, Juan Manuel Stefoni y Antonio Gallegos.

Camacho, Stefoni, Gallegos, José Gómez y Alejandro Gómez responderán por el ataque al vicegobernador, José y Alejandro Gomez por el escrache en el domicilio de la gobernadora, y Catena, Tihuel Avendaño y Marín por la resistencia ofrecida durante el desalojo del acampe.
Varios de estos sindicalistas fueron procesados por De Gamas Soler en julio de 2016, en un fallo que el año siguiente fue confirmado parcialmente por los camaristas Walter Tabarez Guerrero, Jorge Luis Jofré y Julián de Martino.
Catena está acusado de “resistencia a la autoridad”, en función de los hechos que protagonizó cuando la Policía desalojó el acampe y le imputaron “arrojar contra la policía un tacho que contenía fuego”.
Por su parte a Marín le atribuyen también el delito de “resistencia a la autoridad” al comprobarse “prima facie” que fue uno de los que arrojó tirantes de madera contra los efectivos policiales.
En tanto a José y Alejandro Gómez les imputaron “resistencia a la autoridad”, en relación con el incidente ocurrido cuando escracharon el domicilio particular de la gobernadora.

De Gamas Soler dictó una nueva resolución sobre el caso el 26 de junio de 2018, en la que procesó a Tihuel Avendaño, a quien se acusa de haber propagado el fuego en el momento del desalojo del acampe, y se le imputa el delito de “incendio con peligro común para los bienes”.
El juez ya había procesado a Tihuel Avendaño en agosto de 2016, pero un fallo de la Cámara de Apelaciones había anulado esa decisión por razones procesales.

Por otra parte, el magistrado extendió el procesamiento de Roberto Camacho, Juan Manuel Stefoni, Antonio Gallegos, José Gómez y Alejandro Gómez por el ataque que sufrió el vicegobernador.
De Gamas Soler insistió sobre una nulidad que había dictado la misma Cámara y les tribuyó a estas personas la figura de “atentado contra la autoridad agravado por haber puesto manos en la autoridad”.
Todas estas decisiones llegaron al Superior Tribunal de Justicia a través de un recurso de queja que fue rechazado por los jueces María del Carmen Battaini, Gonzalo Sagastume y Javier Muchnik, quienes interpretaron que las decisiones anteriores no debían ser revisadas en esa instancia porque no se trataba de fallos definitivos.

En el proceso también se discutió sobre las medidas de conducta impuestas a los involucrados, como prohibiciones de acercamiento a la gobernadora y al vicegobernador, y la imposibilidad de ingresar a edificios públicos.

Sin prescripción

Ante los planteos de prescripción presentados por las defensas de los acusados, el juez De Gamas Soler contestó en una resolución fechada el último 6 de marzo, que los distintos llamados a prestar declaración indagatoria interrumpieron los plazos de prescripción fijados en la ley penal.
También argumentó que en otros casos, el período de prescripción se interrumpió por el requerimiento fiscal de elevación a juicio.

FUENTE: edfm